Envían a juicio oral a Julio De Vido por el desvío de fondos de la mina de Río Turbio

En la causa, se acusó al ex ministro de Planificación Federal de haber malversado 265 millones de pesos

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El juez Luis Rodríguez envió este lunes a juicio oral a los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, junto a otras 16 personas, por administración fraudulenta en la gestión de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), ubicada en Santa Cruz.

Julio De Vido está hace dos años detenido por esta causa, en la que se investigó el destino de partidas presupuestarias por 26.000 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón ubicada en Santa Cruz.

Los 19 imputados están acusados de haber participado de una “maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional –concretamente del ex Ministerio de Planificación Federal, y del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio–”.

Según determinó el juez Rodríguez, en la maniobra intervinieron además los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos (Santa Cruz), y la Facultad Regional Santa Cruz (en adelante FRSC) de la UTN y de la “Fundación Facultad Regional Santa Cruz”, a través de la cual fluían los fondos desde Planificación hacia YCRT.

La justicia estableció que se firmaron distintos convenios por 4.866.400.000 pesos, de los que se facturaron 1.379.923.949 pesos, de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación. En consecuencia, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional ascendió, “en principio y cuanto menos, a la suma de 176.074.373,92 pesos”, monto que se obtiene de sumar los recibidos por la FRSC y la Fundación por “gastos administrativos” reconocidos en los convenios investigados, que ascienden a 91.990.804,92 pesos y 84.083.569,00 pesos respectivamente.

De acuerdo a lo informado por la SIGEN, además, otros 88.320.750 pesos en concepto de “gastos administrativos” fueron reclamado por la FRSC y la Fundación, pero Yacimientos no los abonó.

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